Los aliados del expresidente Jair Bolsonaro volvieron a poner sobre la mesa en el Congreso brasileño la idea de una amnistía general para el líder de la derecha, condenado recientemente a 27 años de prisión por encabezar la trama golpista tras las elecciones de 2022.
El debate, que parecía adormecido, recuperó fuerza tras la irrupción del gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, quien se convirtió en el principal vocero de la defensa política del exmandatario y posible carta fuerte para las elecciones de 2026.
En los próximos días, De Freitas planea reunirse con dirigentes opositores para ultimar los detalles del proyecto de amnistía, que deberá superar la resistencia de un Congreso dividido. El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro cuenta con el respaldo de formaciones como Progresistas y Unión Brasil, pero el verdadero desafío será seducir al llamado “centrão”, ese bloque pragmático que define votaciones clave y suele moverse por acuerdos coyunturales antes que por ideología.
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La estrategia apunta, además, a persuadir al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, para que habilite la discusión. Sin embargo, el camino parece cuesta arriba en el Senado, donde el líder David Alcolumbre impulsa un texto alternativo que excluye el perdón total. Incluso el Tribunal Supremo ya adelantó que una amnistía de estas características sería inconstitucional, dejando abierta la posibilidad de que Bolsonaro continúe enfrentando múltiples causas judiciales.
Lejos de retroceder, De Freitas ha reforzado su discurso. En actos públicos y en redes sociales, aseguró que la amnistía es un “remedio para pacificar el país” y prometió indultar a Bolsonaro si llega a la presidencia. En las masivas movilizaciones recientes, el gobernador repitió las críticas contra el juez Alexandre de Moraes, mientras la ex primera dama Michelle Bolsonaro acompañaba desde la primera fila.
No obstante, la derecha brasileña aún no logra consolidar un consenso rumbo a 2026. Mientras algunos ven en Bolsonaro un activo electoral indispensable, otros consideran que su figura polariza en exceso y complica acuerdos amplios.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, por su parte, ya trabaja para bloquear cualquier intento de amnistía y blindar su agenda económica, consciente de que el tema puede convertirse en un eje central de la disputa política en los próximos meses.
