El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, conocido como «blanqueo laboral» se implementó entre septiembre y diciembre del 2024. Como parte de la reforma laboral implementada por el Gobierno buscaba regularizar las relaciones laborales no declaradas o mal registradas.
Mediante el blanqueo, los empleadores podían regularizar la situación de sus empleados hasta el 24 de diciembre de 2024, y acceder a una condonación parcial de la deuda generada por la falta de pago oportuno de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de seguridad social.
Esta condonación de la deuda variaba según la clasificación de la empresa, por ejemplo las Micro y Pequeñas Empresas (MiPyMEs) y las entidades sin fines de lucro obtenían una condonación del 90% de la deuda mientras que medianas empresas accedieron a una condonación del 80% de la deuda. Por su parte, las grandes empresas podían reducir su deuda hasta en un 70%.
El Régimen de Promoción del Empleo Registrado preveía también la cancelación total de las deudas –capital e intereses-relacionadas con los aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Seguro de Salud – Fondo Solidario de Redistribución y Ley de Riesgos del Trabajo.
Los datos
Según Chequeado, “en los primeros 2 meses del programa de blanqueo laboral lanzado por el Gobierno nacional se regularizaron 13.218 puestos de trabajo, equivalentes al 0,2% del total de trabajadores privados registrados”.
“Esos empleadores regularizaron la situación laboral de 13.218 trabajadores que no estaban registrados o presentaban irregularidades en su inscripción (como el pago de montos “en negro” o un subregistro de cantidad de horas trabajadas, entre otras)” explica el informe.
Los puestos de trabajo regularizados equivalen al 0,2% del total de trabajos asalariados privados, que de acuerdo a los últimos datos disponibles son 6.247.300. El blanqueo laboral significó $ 1.375 millones en concepto de la deuda generada por la falta de pago de aportes y contribuciones.
Cabe destacar que quienes ingresaron al régimen, como beneficio adicional, fueron dados de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y no pagaron las infracciones y multas correspondientes a la regularización.
Según algunos especialistas, los datos del blanqueo laboral lanzado por el Gobierno nacional no son suficientes para considerarlo un «éxito», especialmente considerando la gran cantidad de empleados que están en una situación de informalidad.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ilustran que, en el tercer trimestre de 2024, la tasa de empleo informal en Argentina fue del 36,7%. Esto significa que de cada diez trabajadores en relación de dependencia, aproximadamente cuatro no están registrados en el sistema de seguridad social.
Profundización de la reforma laboral en 2025
El blanqueo laboral forma parte de un conjunto más amplio de medidas que el Gobierno está implementando a través de la reforma laboral, que se profundizará en 2025.
La reforma laboral como parte de la Ley Bases introdujo modificaciones significativas al sistema. Entre los cambios ya establecidos, destaca la extensión del periodo de prueba, la implementación de un sistema de cese laboral que se presentan como una alternativa a la indemnización por despido, la simplificación para los registros laborales, la introducción de la figura de los colaboradores para trabajadores autónomos como así también cambios en las licencias por maternidad/paternidad entre otros
Como anticipó Newsweek Argentina, como parte de los principales temas en su agenda, el Gobierno apunta a una profundización de la reforma laboral.
El Ejecutivo apunta a hacer obligatorio el fondo de cese laboral para todos los trabajadores siguiendo un modelo similar al que se aplica en Chile. Aunque no es una única posibilidad que baraja, también podría establecer un tope máximo a las indemnizaciones por despido, lo que limitaría las compensaciones independientemente de la antigüedad o trayectoria del trabajador.
El Fondo de Cese Laboral, introducido en la reforma laboral de Javier Milei, es un mecanismo que permite reemplazar la indemnización tradicional por despido con aportes mensuales realizados. Este fondo se acumula durante la relación laboral y permite al empleado acceder al monto ahorrado al finalizar su contrato, ya sea por despido, renuncia o mutuo acuerdo. La medida, que hasta el momento es optativa y depende de los convenios colectivos, busca reducir el impacto financiero inmediato para las empresas, garantizar previsibilidad en los costos laborales y ofrecer una compensación asegurada para los trabajadores.
Aunque el blanqueo laboral ha permitido la regularización de algunos puestos de trabajo, los resultados hasta el momento son limitados frente a la elevada informalidad laboral en el país. En 2025, el Gobierno apunta a profundizar los cambios en el mercado laboral, con medidas como la obligatoriedad del fondo de cese laboral o la implementación de topes a las indemnizaciones por despido, además de otros ajustes destinados a mejorar la formalización y reducir los costos para las empresas.