Tras el aval de la Corte Suprema de Estados Unidos en enero, que permitió embargos contra activos del Estado argentino por deudas impagas, la jueza Loretta Preska aprobó la incautación de USD 210 millones.
La ejecución se llevará a cabo a través de una orden en la Reserva Federal de Nueva York, y los fondos serán entregados a Attestor Master. Además, la magistrada dispuso el congelamiento de otros USD 100 millones, a la espera de la resolución de reclamos adicionales por parte de otros dos grupos de acreedores.
El consultor Sebastián Maril, experto en litigios contra Argentina, explicó que el embargo afecta el colateral de los Bonos Brady. En su cuenta de X, detalló que la jueza rechazó la solicitud de congelar la totalidad de los activos en disputa, limitándose a USD 100 millones, que serán objeto de una disputa entre Attestor Master y Bainbridge Fund. Este fallo se suma a la reciente ejecución de una garantía por USD 325 millones en el caso Cupón PBI Londres.
Los reclamos provienen de los llamados holdouts, tenedores de deuda que nunca aceptaron los canjes ofrecidos por Argentina tras el default de 2001. Entre ellos, Attestor Master exige USD 460 millones, mientras que Bainbridge Fund reclama USD 100 millones. Estos fondos lograron embargar activos argentinos en 2022, pero el país apeló sin éxito. Finalmente, en enero de este año, la Corte Suprema estadounidense desestimó la última apelación argentina, dejando la decisión en manos de Preska.
El fallo también dejó fuera a Bainbridge Fund, que intentó acceder a una porción mayor de los activos embargados. La jueza determinó que deberá litigar junto a Attestor Master para definir la distribución de los USD 100 millones retenidos. Este proceso judicial es una de las tantas demandas que enfrenta Argentina en tribunales internacionales debido a su historial de incumplimientos de deuda.
La disputa actual involucra bonos entregados como garantía de pago de los Bonos Brady, instrumentos financieros emitidos en los años ’90 para reestructurar la deuda acumulada en la década anterior. Como el país finalizó en 2023 el pago de esos compromisos, los títulos que servían de respaldo quedaron liberados, lo que permitió su embargo por parte de los acreedores.
Entre los fondos involucrados en esta batalla legal figuran Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, que adquirieron deuda argentina en default tras el 2001. Estos grupos representan menos del 3% de los tenedores originales que rechazaron los canjes de 2005, 2010 y 2016, realizados durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Ahora, con los activos en manos del Tesoro de EE.UU., los holdouts avanzan en su intento por recuperar lo adeudado.
