El gobierno de Javier Milei avanza con una polémica medida que busca atraer al mercado una parte del ahorro informal en dólares que muchos argentinos guardan “bajo el colchón”. Con la promesa de que no se pedirá justificación sobre el origen del dinero, la iniciativa reaviva el debate sobre si es lícito permitir que se legalicen sumas millonarias sin exigir transparencia.
Pero no se trata de una idea inédita: varios países ya aplicaron planes similares, con resultados dispares y fuertes tensiones institucionales.
Uno de los casos más citados es el de Indonesia, que en 2016 lanzó un programa de amnistía fiscal que permitió repatriar y blanquear fondos a cambio de un pago de entre el 2% y el 5% del capital. El resultado fue impactante: se regularizaron unos 9 mil millones de dólares, lo que convirtió al plan en uno de los más exitosos del mundo. A diferencia del modelo que impulsa Milei, el plan indonesio sí exigía declarar el dinero en forma oficial ante la Dirección General de Impuestos, aunque tampoco se pedían detalles precisos sobre su origen.
En Italia, el entonces primer ministro Silvio Berlusconi habilitó a comienzos de los 2000 una amnistía financiera para repatriar fondos que estaban en cuentas suizas y no tributaban en el país. El resultado fue el ingreso de más de 80.000 millones de euros. El costo: un impuesto único del 2,5%. Sin embargo, la medida fue duramente criticada por generar una “injusticia fiscal” hacia quienes sí habían tributado siempre. Además, algunos jueces intentaron avanzar con investigaciones penales, pero encontraron que la norma blindaba jurídicamente a quienes se acogían al beneficio.
Dólares debajo del colchón: el Gobierno afina el plan con guiño del GAFI
En Argentina, la historia también tiene antecedentes. El más reciente fue el blanqueo impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016, que logró la adhesión de casi 120 mil contribuyentes y la declaración de más de 116.000 millones de dólares. Aquel plan exigía pagar una penalidad del 10% en promedio y tampoco obligaba a detallar el origen de los fondos. Fue el más exitoso del país, aunque con duras críticas por parte de jueces y expertos en lavado de dinero. La UIF (Unidad de Información Financiera) advirtió en su momento que el esquema podía ser aprovechado por redes criminales para “limpiar” dinero proveniente de actividades ilícitas.
Uno de los aspectos más controversiales del nuevo régimen propuesto por Milei es la eliminación de la exigencia de trazabilidad del dinero. En un contexto en el que la Argentina busca cumplir con los estándares internacionales de lucha contra el lavado, la medida podría tensionar la relación con organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que en sus evaluaciones periódicas observa especialmente este tipo de excepciones legales.
Desde el ámbito judicial, distintas voces ya comenzaron a expresar preocupación. Algunos fiscales y jueces sostienen que una norma de este tipo podría bloquear investigaciones en curso sobre enriquecimiento ilícito, narcotráfico o evasión agravada, ya que una vez regularizados, esos fondos quedarían fuera del alcance penal.
Otros, sin embargo, ven con buenos ojos que al menos una parte del ahorro informal se transforme en inversión o consumo formal, en medio de una economía que necesita reactivarse.
Recientemente, declaraciones del propio Milei tuvieron gran impacto por plantear que «el que pudo zafar (de los impuestos), genial» y cuestionó a los contribuyentes calificando «ofensivo» dicho término.
«Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema» agregó el mandatario, en referencia a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y que no piensa premiarlos ni compensarlos. “Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos», remató.
El libertario dejó en claro que «los impuestos son un robo» y defendió la idea de que los evasores «no hicieron nada malo». Según argumentó, los argentinos que guardaron dólares fuera del sistema solo intentaron escapar del impuesto inflacionario y de las «garras del Estado».
Vale recordar que en países como Grecia, India y Sudáfrica, experiencias similares terminaron generando una especie de “cultura del perdón periódico”, donde se espera que cada ciertos años llegue una nueva oportunidad de blanquear capitales, lo que desalienta el cumplimiento fiscal regular. El desafío, en definitiva, no es sólo cuánto dinero puede ingresar al sistema formal, sino también qué mensaje se envía sobre la relación entre legalidad, responsabilidad tributaria y justicia.
