El Gobierno anuncio que dará de baja la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná y aseguró que recibió «presiones» de ciertos sectores.
Ante esta situación. pedirá una investigación para establecer si hubo un intento de saboteo y fraude.
«Queremos transparencia y mayor competencia: el gobierno nacional dará de baja la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) y enviará a investigación lo ocurrido durante la licitación de la misma», comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.
En esa línea, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario dejó en claro que «la única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes» de la presentación de ofertas.
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Resaltó que la Hidrovía es «una de las reservas hídricas más importantes del mundo», además de la principal vía de exportación de la Argentina, ya que, se usa para transportar el 80% de los bienes que exporta nuestro país.
Por lo tanto, puso el foco en la importancia de disponer de un operador capacitado bajo «los más altos estándares internacionales y el mejor precio».
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Aseveró que desde el comienzo del proceso, el Gobierno se comprometió a llevar a cabo una licitación «transparente y competitiva» y marcó que se determinó que si solo se presentaba un oferente, se cancelaría la convocatoria.
En este punto, aseguró que el Ejecutivo recibió «presiones» por parte de sectores políticos y empresariales con el objetivo de que se cambiaran determinados requisitos técnicos del pliego.
Y también acusaciones hacia el oficialismo por un supuesto direccionamiento para favorecer a Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que al final no presentó una oferta.
Adorni afirmó que la única oferta fue la de DEME, compañía que había presentado denuncias previas respecto a una presunta falta de transparencia y dio marcha atrás antes de presentarse como único competidor.
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Precisó que el Gobierno ordenó una investigación para saber si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita con el fin de perjudicar al Estado y a los productores nacionales.
Explicó que el fin de la investigación es «aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación» y delimitar responsabilidades penales en caso de un intento de fraude.
«El hecho de que se haya presentado DEME como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia«, destacó.
Y enfatizó: «Un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, que son los principales perjudicados en que no podamos tener hoy una comparación de ofertas económicas en este procedimiento».
«Desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso«, recordó.
Y subrayó: «Nos llama la atención que, en un supuesto direccionamiento, la única oferta que se haya presentado haya sido la de DEME, la cual fue la principal artífice de estas acusaciones».
